El lunes 2 de marzo, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad por un lado y la Alameda por el otro, presentaron una denuncia penal contra la firma Kosiuko por violación a la ley de migraciones, a la ley de trabajo a domicilio, trabajo infantil y trata y tráfico de personas. Ambas denuncias serán radicadas en el Juzgado Federal 10 del Dr Ercolini, donde se encuentra la primer denuncia contra esta firma que el Gobierno de la Ciudad realizara en setiembre de 2006 junto a la Alameda.El caso que se ventila en esta oportunidad, con testimonios, videos, etiquetas y testigos, es el de un taller de flores de donde escaparon dos costureros a mediados de enero y el sacerdote Mario Videla, Director de Migraciones del Arzobispado y el rabino Damian Karo de la Fundación Judaíca de Sergio Bergman son testigos de que el taller pertenece a Kosiuko, que la firma lo reconoció como propio y que pese a ello se negó a pagar la indemnización correspondiente y a denunciar judicialmente a ese taller.
En setiembre Federico Bonomi, dueño de Kosiuko, había solicitado a la Alameda trabajar en común un diagnóstico sobre su cadena de producción, pues la firma decía tener interés en erradicar el trabajo en negro. A pedido de la Alameda, la Iglesia y la Fundación Judaíca de Bergman fueron testigos de un proceso que ni siquiera llego a desarrollarse, porque en medio de las tratativas surgió la denuncia del taller de Flores que Kosiuko admitió como vinculado a la empresa, pero se negó a pagarles lo que les correspondía y a denunciar judicialmente a los talleristas que reducian a la servidumbre a sus costureros mientras cosían exclusivamente para esa firma. Hoy se presentarán las dos denuncias penales y la Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos junto a la Alameda solicitarán constituirse como querellantes contra la firma. Entretanto, a las 19 horas se realizará un escrache en la sede de uno de los locales de Kosiuko, ubicado en la Avenida Santa Fe 1779 y convocado por la Alameda y el Movimiento de Trabajadores Excluidos que agrupa a las cooperativas de cartoneros.
Fuente: Gacetilla de prensa de La Alameda
1 comentario:
No estoy de acuerdo Diego. Más allá de que el estado deba hacerse responsable las actividades éticas, debemos evaluarlas desde quien tiene el taller con trabajo esclavo.
El gobierno también debería tener más control, pero Kosiuko debería saber que está prohibido por la consitución nacional y por todos los tratados internacionales de derechos humanos que se incorporaron a la misma por medio del Art, 75 inc 22 en la reforma del 94.
Luego se llenan la boca y se glorifican porque son una empresa "exitosa" de capitales argentinos.
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