Este es un extracto de la entrevista a Gustavo Vera, fundador de la Cooperativa La Alameda y principal denunciante de grandes marcas de ropa que trabajan con talleres textiles que utilizan mano de obra esclava y mal paga. Fue publicada en Infobae.com el 12 de enero pasado.
–¿Cuál es la ruta que han seguido para llegar a dar esta pelea tan fuerte contra los talleres clandestinos?
–Entre el 2003 y el 2005 hubo un proceso de consolidación de La Alameda que tuvo que ver con lazos afectivos, en lo social y con la resistencia y con el desarrollo de emprendimientos tales como panadería, textil y otros. También nos dio impulso que Acción Social nos aportara maquinarias. Hasta entonces el único apoyo que teníamos eran las raciones de polenta, fideos y arroz. A partir del 2003 logramos que se legalizara el comedor, ya para entonces habíamos resistido un intento de desalojo, habíamos tenido 14 presos y varios procesados y logramos arrancar la expropiación el 16 de junio del 2004.
— ¿Cómo llegan a las denuncias?
–Con los paisanos bolivianos se generó un marco de confianza que rompió el pacto de silencio que había. Acá venían a comer muchos de ellos y a partir de eso, empezaron a acercar estas problemáticas de la trata, el tráfico, la explotación o las marcas que estaban involucradas. Tanto es así, que está megacausa que se tramita en la justicia federal y donde hay 85 marcas denunciadas y un universo de 600 talleres, comienza con dos talleres que están a dos cuadras de La Alameda.
–¿Dónde está radicada la megacausa contra los talleres y cómo responde la Justicia?
–El juez Norberto Oyarbide trató de sacarse las causas de encima. Sabíamos pues que era muy poco lo que iba a hacer y que iba a tratar de garantizar la impunidad de las marcas, que fue lo que intentó. Él quería mandarla a un juzgado de instrucción correccional y no darle carácter federal, cuando hay una violación a la ley de migraciones, a convenios internacionales sobre trata y tráfico de personas y otros delitos de competencia de la justicia federal. Tras un pedido de juicio político en su contra logramos que la cámara revocara la incompetencia de Oyarbide, y restaurara el fuero federal a la causa, y le advirtió que toda denuncia de talleres clandestinos irían a su juzgado. Desde hace un año la causa esta paralizada. A fines del 2007 logramos que una fiscalía sacara un dictamen pidiendo la indagatoria de los directivos de Soho. Era la primera vez que una fiscalía mencionaba una marca; hasta ese momento hacían como que no tenían que ver a pesar de que ya estaban denunciados.
–¿Cuáles son las evidencias que las involucran?
–Una ley de trabajo a domicilio que establece la solidaridad entre las marcas y los talleres donde mandan a confeccionar sus prendas, las inspecciones en las que se encontraron etiquetas y remitos que les pertenecían, el que los propios talleristas y trabajadores en su declaraciones juradas decían que trabajan para ellas y el que las mismas marcas admitían que mandaban a confeccionar a esos talleres. Tras el dictamen contra Soho, en el verano del 2008 la empresa llega a un acuerdo con el juez en una situación de cohecho. Cuando Oyarbide redacta ese fallo espantoso donde plantea que Soho en realidad no usaba trabajo esclavo sino que los bolivianos se autoexplotaban por pautas ancestrales, lo hace al tiempo que Soho intenta sobornar al sindicato donde se encuadran los trabajadores e intenta hacernos una oferta a nosotros. Y, si esto que decimos no es verdad, ¿por qué el juez no nos hace un juicio por calumnias e injurias?
–¿Cuál es la ruta que han seguido para llegar a dar esta pelea tan fuerte contra los talleres clandestinos?
–Entre el 2003 y el 2005 hubo un proceso de consolidación de La Alameda que tuvo que ver con lazos afectivos, en lo social y con la resistencia y con el desarrollo de emprendimientos tales como panadería, textil y otros. También nos dio impulso que Acción Social nos aportara maquinarias. Hasta entonces el único apoyo que teníamos eran las raciones de polenta, fideos y arroz. A partir del 2003 logramos que se legalizara el comedor, ya para entonces habíamos resistido un intento de desalojo, habíamos tenido 14 presos y varios procesados y logramos arrancar la expropiación el 16 de junio del 2004.
— ¿Cómo llegan a las denuncias?
–Con los paisanos bolivianos se generó un marco de confianza que rompió el pacto de silencio que había. Acá venían a comer muchos de ellos y a partir de eso, empezaron a acercar estas problemáticas de la trata, el tráfico, la explotación o las marcas que estaban involucradas. Tanto es así, que está megacausa que se tramita en la justicia federal y donde hay 85 marcas denunciadas y un universo de 600 talleres, comienza con dos talleres que están a dos cuadras de La Alameda.
–¿Dónde está radicada la megacausa contra los talleres y cómo responde la Justicia?
–El juez Norberto Oyarbide trató de sacarse las causas de encima. Sabíamos pues que era muy poco lo que iba a hacer y que iba a tratar de garantizar la impunidad de las marcas, que fue lo que intentó. Él quería mandarla a un juzgado de instrucción correccional y no darle carácter federal, cuando hay una violación a la ley de migraciones, a convenios internacionales sobre trata y tráfico de personas y otros delitos de competencia de la justicia federal. Tras un pedido de juicio político en su contra logramos que la cámara revocara la incompetencia de Oyarbide, y restaurara el fuero federal a la causa, y le advirtió que toda denuncia de talleres clandestinos irían a su juzgado. Desde hace un año la causa esta paralizada. A fines del 2007 logramos que una fiscalía sacara un dictamen pidiendo la indagatoria de los directivos de Soho. Era la primera vez que una fiscalía mencionaba una marca; hasta ese momento hacían como que no tenían que ver a pesar de que ya estaban denunciados.
–¿Cuáles son las evidencias que las involucran?
–Una ley de trabajo a domicilio que establece la solidaridad entre las marcas y los talleres donde mandan a confeccionar sus prendas, las inspecciones en las que se encontraron etiquetas y remitos que les pertenecían, el que los propios talleristas y trabajadores en su declaraciones juradas decían que trabajan para ellas y el que las mismas marcas admitían que mandaban a confeccionar a esos talleres. Tras el dictamen contra Soho, en el verano del 2008 la empresa llega a un acuerdo con el juez en una situación de cohecho. Cuando Oyarbide redacta ese fallo espantoso donde plantea que Soho en realidad no usaba trabajo esclavo sino que los bolivianos se autoexplotaban por pautas ancestrales, lo hace al tiempo que Soho intenta sobornar al sindicato donde se encuadran los trabajadores e intenta hacernos una oferta a nosotros. Y, si esto que decimos no es verdad, ¿por qué el juez no nos hace un juicio por calumnias e injurias?
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